Normativa que entraría en vigencia este 29 de mayo eleva los estándares en la aplicación de agroquímicos. Si bien hay consenso en que es necesario poner al día la reglamentación, el Ministerio de Agricultura está negociando más plazo con Salud.

Arnaldo Guerra Martínez

Están cambiando las reglas del juego en el sector agroalimentario. A fin de mes entraría en vigencia la norma con nuevos Límites Máximos de Residuos de Plaguicidas (LMR) en los alimentos, que reemplaza a la normativa actual, que data de 2010, y eleva el estándar de exigencias.

»Los Límites Máximos de Residuos son indicadores clave que permiten resguardar la salud de los consumidores -aunque no constituyen límites de seguridad toxicológica, pues exceder las cantidades determinadas no implica, necesariamente, un riesgo para la salud humana- y se han convertido en un estándar comercial tanto para el mercado interno, como para el sector exportador», plantea Patricia Villarreal, gerenta general de la Asociación Nacional de Fabricantes e Importadores de Productos Fitosanitarios Agrícolas (Afipa), cuyos representantes participaron en la mesa de trabajo entre el sector público y privado que elaboró la nueva norma.

Si bien hay consenso en que todo lo que sume a la inocuidad de los alimentos que se producen en el país es importante, algunos sectores, especialmente los de la producción hortícola, se muestran desde sorprendidos y temerosos hasta preocupados por las repercusiones que trae.

»El sector hortícola no está preparado para una mayor exigencia en los LMR, toda vez que la norma anterior también era excedida por parte de algunos agricultores», dice Cristián Muñoz, presidente del Comité de Hortalizas de Chile (Hortach).

Agrega que eso lo ha demostrado Achipia, la Agencia Chilena para la Inocuidad Alimentaria, en sus informes RIAL ?Red de Información y Alertas Alimentarias? en que quedan de manifiesto excesos de residuos de pesticidas en frutas y especialmente en hortalizas.

Jorge Valenzuela, presidente de la Federación de Productores de Frutas y Hortalizas (Fedefruta), resalta que para que estas reglamentaciones tengan éxito se requiere un buen control.

»Si quieren cambiar la norma, bueno, pero creo que hay que tomarse un plazo largo o prudente para que se validen las carencias y las curvas de límites máximos de residuos y luego se anoten en las etiquetas. Y, ojo, que todas estas normas, si después no tienen una buena fiscalización, quedan en letra muerta», señala Valenzuela.

Frente a las inquietudes, desde el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) informan que el Ministerio de Agricultura está realizando gestiones ante su similar de Salud para postergar la entrada en vigencia, fijada para el 29 de mayo próximo.

Cuatro años de elaboración

En mayo de 2016 se inició el proceso para establecer las nuevas tolerancias por parte del Departamento de Alimentos y Nutrición del Ministerio de Salud (Minsal). La resolución fue publicada en el Diario Oficial en noviembre de 2020, con entrada en vigencia seis meses después.

»La necesidad de actualizar la normativa de LMR nacional surge en consideración a los nuevos plaguicidas y usos que han ido obteniendo su autorización ante el Servicio Agrícola y Ganadero desde la última actualización de la norma de LMR de Minsal del año 2011, a que otros plaguicidas también han sido cancelados o prohibidos a nivel nacional durante este período y, por otra parte, a los avances de la normativa internacional en esta materia, en especial las recomendaciones del Codex Alimentarius», aclara el director nacional del SAG, Horacio Bórquez.

De acuerdo con lo informado por el Minsal, la principal referencia de esta legislación son las normas establecidas por el Codex Alimentarius hasta 2017, pero como no cuenta con LMR para todos los plaguicidas y matrices alimentarias que actualmente se utilizan en el mundo, se contemplaron los de otras entidades para cubrir la totalidad de las combinaciones de plaguicida-alimento. En este marco, se establecieron criterios priorizados para fijar los LMR: primero, el Codex; segundo, los de la UE; tercero, los de EE.UU. y cuarto, límite por defecto.

»Las actualizaciones en materia de LMR son un trabajo periódico, el que se ha trabajado en una mesa intersectorial, contando con representantes de Gobierno, industria, academia y organizaciones sociales», aclara el Ministerio de Salud.

En Afipa plantean que están de acuerdo con el objetivo de la norma, aunque tienen una visión crítica del proceso.

»Lamentamos la forma en que se ha desarrollado en Chile, en particular los plazos que se tomó la autoridad para dictar la norma (más de 4 años desde que se sometió a Consulta Pública y la dictación del reglamento), el sistema de cascada que se incorporó para los ingredientes activos y cultivos no incluidos en la normativa (Codex, UE y EE.UU.) y los plazos que actualmente está proporcionando para la entrada en vigencia por parte de la industria fitosanitaria», señala Patricia Villarreal.

Se refiere a que el desarrollo de los productos fitosanitarios es muy dinámico y una normativa tan relevante debe estar acorde a este dinamismo, por ejemplo, contemplando actualizaciones automáticas para los listados de los ingredientes activos/cultivo, priorizando valores de Codex, EE.UU. y UE, o con una periodicidad de renovación idealmente no mayor a 2 o 3 años, lo que permitiría incorporar los avances mundiales en la materia.

»Por otra parte, esta modificación no consideró que para la adecuación a los nuevos requerimientos se debía no solo considerar los plazos para la industria fitosanitaria, sino también los tiempos y recursos que el SAG requiere para el proceso de registro de ampliación o modificación de las carencias y los cultivos en las etiquetas. Las nuevas carencias deben estar incluidas en las etiquetas de los productos, lo que debe ser aprobado por el SAG después de una revisión exhaustiva de los respaldos técnicos que avalen las carencias. Por otro lado, la posibilidad de realizar estos estudios depende también de la disponibilidad de centros experimentales para su realización, de la época del año, del tipo de cultivo y de su ciclo de vida, entre otros aspectos; la duración de los estudios depende del producto, de su ciclo de vida, si es un cultivo anual o un frutal, entre otras variables», agrega Patricia Villarreal.

Lamentos hortícolas

Aunque considera que era necesario dar este paso y adecuar la normativa a la realidad internacional, Cristián Muñoz, presidente de Hortach, cree que debió hacerse en conjunto con quienes hacen agricultura en el país.

»En los informes del RIAL, de Achipia, se comprueba que porcentualmente muchos actores hortofrutícolas se encuentran fuera de norma, a pesar de las pequeñas muestras realizadas. Lo anterior, a raíz de la escasez de recursos con que cuenta la agencia. Por ello resulta un absurdo modificar la resolución N° 33 del 2010, sin siquiera haber tomado medidas para hacerla cumplir. Peor aún, no haber realizado una mesa amplia de discusión donde al menos estuvieran representados todos los actores que en la práctica realizan los cultivos, nutren al país y usan los fitosanitarios», señala.

Agrega Muñoz que el listado de productos químicos considerados sube las exigencias de la norma anterior en varios ingredientes activos. No obstante, ve positivas las medidas desde el punto de vista de la seguridad o inocuidad alimentaria.

»Nos obliga a usar menos recursos fitosanitarios. Sin embargo, resulta un contrasentido el preocuparse ?en el papel’, primero de bajar los LMR y no directamente realizar una mesa técnica para derogar ingredientes activos que mercados como, por ejemplo, Inglaterra o en cadenas de supermercados de Francia ya no los permiten, o conversar la pertinencia de realizar este relevante cambio de norma», dice el representante de los hortaliceros.

Agrega que »el problema de los pesticidas y su demonización per se radica principalmente en desconocimiento de su adecuado uso por parte de algunos agricultores, que carecen de personal técnico de planta en sus predios o asesoría permanente de los mismos. Esto redunda en realizar aplicaciones a destiempo, por ejemplo, no advirtiendo carencias, o directamente calculando mal las dosis. Se necesita avanzar a un proceso de solución estructurada en el tiempo, en la que agencias gubernamentales, entidades gremiales, laboratorios químicos tienen un rol fundamental en la educación de nuestro sector hortícola».

Los desafíos para los agroquímicos

La gerenta de Afipa pone de relieve que el principal desafío es cumplir el plazo para adecuar las etiquetas. »Este proceso, en caso de que se cuente con la información, requiere de aproximadamente tres meses para la modificación y en caso de no contar con la información, se deben agregar los plazos del estudio de residuos para definir la carencia. Todo lo anterior no considera los tiempos que el SAG requiere para terminar su evaluación y autorización», indica.

Añade que en caso de que no se logre contar con la aprobación de la nueva etiqueta por parte del Servicio Agrícola y Ganadero, se podría solicitar retirar el stock del producto hasta que esté terminado el proceso de modificación, lo que podría impactar a agricultores y exportadoras en términos productivos y de calidad.

Cambios con apoyo

»Los fruticultores cumplen con los estándares y con las carencias, todos estos conceptos están. Si cambian más o menos para ser homologadas al Codex no nos deberían cambiar en la esencia. Donde sí puede afectar es en las hortalizas. Para que esto sea efectivo, debería venir amarrado con una campaña de capacitación y educación importante para ellos, tanto desde el punto de vista de los conceptos, de la importancia que tiene, como del tema de las buenas prácticas agrícolas; de llevar bien los cuadernos de campo, actualizados, y esto tiene que hacerlo el Estado, porque es el que está cambiando la norma», señala el presidente de Fedefruta.

Agrega que la campaña de capacitación debe ser paralela al trabajo de Achipia, y con las empresas de agroquímicos y con una buena fiscalización.

»El problema es que si la norma chilena es más exigente, creo que hay que hacerlo bien. Hoy están las universidades, los institutos de investigación, están los profesionales y los equipos para hacer esos estudios, pero hay que hacerlos», señala Valenzuela.

El dirigente se muestra de acuerdo con el Ministerio de Salud, que está tratando de homologar un poquito más arriba la norma, y resalta que de toda la fruta que se comercializa en Chile, más del 90% es producto que también se exporta, por lo que cumple con todos los estándares internacionales.

»Lo que entiendo es que aquí habría que dar plazo a las empresas químicas para que esto se haga bien: si la hacemos mal, no vamos a cumplir con el objetivo final que persigue el Ministerio de Salud. Creo que se debiera dar un plazo de dos años para que se hagan los estudios como se tienen que hacer de los límites máximos de residuos para las distintas especies y productos y luego validarlos y anotarlos en las etiquetas, señala Jorge Valenzuela, quien resume en que se trata de un tema operativo logístico difícil de cumplir administrativamente.

Posible aplazamiento

Frente a las dudas y preocupaciones planteadas, el director nacional del SAG aclara que el proceso de elaboración de la resolución consideró una mesa de trabajo coordinada por el Minsal, en la que participaron representantes del sector público, privado y la comunidad civil organizada. La mesa sesionó durante los años 2016 y 2017 y después, el 1 de febrero de 2018 el proyecto de norma fue a consulta pública nacional e internacional -se notificó a la OMC- por 60 días corridos.

»No obstante lo anterior, y considerando que el resultado de este proceso no ha sido el esperado, principalmente en lo que respecta al plazo de la entrada en vigor de la norma, la Subsecretaría de Agricultura está realizando gestiones ante el Ministerio de Salud para que dicha repartición pueda evaluar la factibilidad de una extensión de este plazo», señala Horacio Bórquez.

Además, Bórquez aclara que frente al impacto que la norma podría tener en los productores, »algunos sectores productivos han identificado que mientras se genera el proceso para la actualización de las etiquetas de los plaguicidas para aquellos cultivos afectos a la actualización de los LMR, puede ponerse en riesgo la mantención de las certificaciones privadas en materia de buenas prácticas agrícolas (BPA), lo cual también viene a respaldar la necesidad de que se extienda el plazo para la entrada en vigor de esta norma».

Estricta fiscalización

El SAG cuenta desde 2011 con el Programa de Monitoreo de Residuos de Plaguicidas, que se aplica tanto a fruta destinada a la exportación como a hortalizas que van al consumo nacional.

»Si como resultado de los análisis realizados por laboratorios autorizados ante el SAG se identifican casos en que se detectan residuos de plaguicidas en niveles que superan el LMR establecido por el Minsal para el producto vegetal en cuestión, el SAG realiza una fiscalización de uso de plaguicidas, a fin de corroborar la causa de este resultado y si se relaciona con un incumplimiento a las instrucciones contenidas en la etiqueta del plaguicida, como son la dosis, el período de carencia, entre otros, procede a iniciar un proceso infraccional en contra del productor o establecimiento que realizó la aplicación del plaguicida. Adicionalmente, el SAG comunica cada uno de los resultados a la Secretaría Regional Ministerial de Salud respectiva», informa Horacio Bórquez.

También, agrega que como parte de estas fiscalizaciones de uso de plaguicidas programadas anualmente por el SAG a nivel de campo, se verifica que los productores estén realizando un buen uso y manejo de estos insumos, lo cual se corrobora con el cumplimiento de las instrucciones contenidas en las etiquetas de los plaguicidas.

Fuente: Revista del Campo – Sección: Reportaje