Por Mauricio Rodríguez, 
Ph.D., Director de Asuntos Científicos en CropLife Latin America

Es ampliamente aceptado que la población mundial continúa creciendo, lo cual supone importantes desafíos, tanto para asegurar una producción sostenible de alimentos, como para garantizar la seguridad alimentaria de las generaciones actuales y futuras, tal como lo señala la FAO en “Alimentación y agricultura sostenibles”. Igualmente importante es la necesidad de garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos que consumimos, manteniendo un nivel de subsistencia digna para los agricultores y sus familias. Para lograr estos objetivos, los fitosanitarios juegan un papel fundamental ya que ayudan a controlar plagas, enfermedades y malezas que pueden afectar negativamente los cultivos. Este tipo de productos, como cualquier sustancia química, genera preocupaciones sobre sus posibles impactos en la salud y el ambiente, generando regulaciones cada vez más estrictas, y, en algunos casos, basadas en el principio precautorio. Aunque las acciones de prevención son importantes, este principio se aplica desde un enfoque restrictivo y prohibicionista que elimina los beneficios del uso de productos fitosanitarios. Un enfoque más equilibrado, que se basa en la prevención sin eliminar acceso a tecnologías, es adoptar regulaciones y tomar decisiones basadas en la evaluación científica del riesgo.

Las agencias regulatorias tienen el difícil trabajo de tomar decisiones que busquen el bienestar de los ciudadanos. Para el caso de la agricultura, deben poner en una balanza tanto los beneficios como los riesgos del uso de los fitosanitarios y las acciones de mitigación de tales riesgos. Solo cuando toman decisiones informadas con la mejor información científica disponible, pueden garantizar que los fitosanitarios se utilicen de manera segura. La evaluación de riesgos es un proceso científico riguroso que evalúa tanto los posibles beneficios como los riesgos del uso de un fitosanitario en el contexto de cada país. Este proceso implica evaluar la toxicidad del fitosanitario, sus niveles potenciales de exposición y su impacto en la salud humana, la biodiversidad y el ambiente. Basándose en estas evaluaciones, las autoridades pueden establecer regulaciones que protejan la salud pública y el ambiente, permitiendo al mismo tiempo que los agricultores utilicen responsablemente los fitosanitarios que protegen sus cultivos y contribuyen a la seguridad alimentaria de la población, como lo menciona el Estudio de Riesgos del Programa de Pesticidas, de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. 

En el lado opuesto a la toma de decisiones científicamente informadas, está el enfoque regulatorio que utiliza el principio de precaución, que asume que cualquier riesgo, sin importar cuan improbable sea, es demasiado, como lo indica Durodié B. Risk Anal en “EL verdadero costo de las regulaciones quimicas precautorias”. Este principio puede llevar a la prohibición innecesaria de fitosanitarios beneficiosos y necesarios. Este tipo de decisiones puede socavar la seguridad alimentaria, desmejorar las condiciones de vida tanto de agricultores como de consumidores, aumentando la presencia de fitosanitarios adulterados e ilegales. Solo la toma de decisiones basada en evaluación rigurosa del riesgo nos garantiza que las regulaciones estén fundamentadas en evidencia científica verificable y que se consideren tanto los beneficios como la mitigación de riesgos del uso de fitosanitarios.

La regulación en la agricultura debe buscar la seguridad y la inocuidad alimentaria, la dignidad y subsistencia de los agricultores, con políticas que promuevan la inversión en innovación y el acceso a ella. En lugar de prohibir los fitosanitarios basándose en el miedo irracional, principio de precaución, debemos confiar en la capacidad de nuestras autoridades que toman decisiones basadas en el conocimiento científico completo y riguroso. Este enfoque no solo protege la salud pública y el medio ambiente, sino que también garantiza que los agricultores puedan seguir proporcionando al mundo los alimentos que necesita. Las autoridades regulatorias juegan un papel crucial en este proceso, garantizando que los pesticidas se utilicen de manera segura y responsable, de una manera que apoye la agricultura sostenible para las generaciones futuras. 

Fuente: Revista del Campo – El Mercurio