La directora ejecutiva de AFIPA, Patricia Villarreal, participó en el Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), donde presentó en representación de la Colación de Gremios Agroalimentarios, una propuesta orientada a optimizar el sistema de registro de productos fitosanitarios en Chile, donde enfatizó la urgencia de abordar los desafíos regulatorios que afectan la competitividad del sector agrícola y dificultan el acceso a tecnologías innovadoras y sostenibles.

La Coalición, recientemente integrada como consejera del COSOC del SAG, destacó que los registros fitosanitarios en Chile enfrentan tiempos de respuesta promedio superiores a los 48 meses, una demora significativa que pone al país en desventaja frente a competidores como Perú, Brasil y Australia. Esta situación, agravada por la prohibición de ciertos ingredientes activos y las limitaciones operativas del SAG, ha reducido las opciones disponibles para los agricultores, incrementando el riesgo de comercio ilegal de fitosanitarios y afectando la sostenibilidad del sector agrícola.

Durante su intervención, la Directora Ejecutiva de AFIPA, presentó cifras que evidencian la magnitud de esta problemática. En 2023, sólo se aprobaron 36 nuevos registros en Chile, una cifra considerablemente inferior a los casi 400 registros anuales autorizados en Brasil. Esta situación se ha visto agravada por la reducción del presupuesto destinado a la evaluación de fitosanitarios y la disminución del personal técnico del SAG, lo que ha generado un retraso en el proceso de registro y limita el acceso de los agricultores a productos fitosanitarios más seguros y menos tóxicos.

Frente a este escenario, la Coalición propuso consolidar una Comisión de Trabajo técnico público-privada con el Área de Plaguicidas del SAG para abordar prioridades como la reducción de los tiempos de registro mediante análisis comparativos internacionales, la mejora de la plataforma digital con mayor transparencia y plazos definidos, y la unificación de criterios internos del SAG. Además, se planteó la actualización de etiquetas según normativas internacionales como el Sistema Globalmente Armonizado, SGA o GHS (en inglés), la clarificación de conceptos regulatorios y la incorporación de un componente agronómico en los análisis.

Estas iniciativas buscan agilizar los procesos regulatorios, mejorar la competitividad del sector y garantizar el acceso a tecnologías más seguras y sostenibles para los agricultores.

La Coalición también destacó la importancia de aumentar el presupuesto del SAG para contratar más personal técnico capacitado, lo que permitiría homogeneizar los criterios de evaluación y acelerar los procesos.

Finalmente, se subrayó que la colaboración público-privada es clave para avanzar hacia una agricultura moderna, competitiva y alineada con estándares internacionales, optimizando los procesos sin comprometer las exigencias regulatorias.